Controversia en Argentina por la Reforma a la Ley de Glaciares
Recientemente, el Congreso argentino aprobó una enmienda polémica que facilita la minería en áreas glaciares, un cambio que ha generado alarmas entre ambientalistas debido a su posible impacto en las fuentes de agua esenciales. La conocida Ley de Glaciares, promulgada en 2010, había prohibido cualquier actividad minera en estas regiones, resguardándolas como reservas de agua vital.
Cambios en la Legislación
La reforma transfiere la responsabilidad de determinar las áreas glaciares protegidas del Instituto Argentino de Ciencias de la Nieve, el Hielo y el Medio Ambiente (Ianigla) a los gobiernos provinciales. El presidente Javier Milei, defensor de esta modificación, argumentó que el nuevo marco “empodera a las provincias para utilizar sus recursos” y permite actividades mineras “donde no hay nada que proteger”.
El proyecto de ley ya había recibido el visto bueno del Senado en febrero de 2026, por lo que su aprobación en la Cámara de Diputados se convirtió en el último gran obstáculo.
Reacciones y Protestas
La reforma ha generado una polarización significativa. Los detractores han salido a las calles para manifestar su descontento, portando pancartas que enfatizan la necesidad de proteger los glaciares. “Sin agua, ni siquiera podemos pensar en un proyecto de crecimiento y desarrollo”, afirmó la diputada Natalia de la Sota, resaltando la importancia del agua como recurso fundamental.
Por otro lado, la congresista Nancy Picón Martínez, una de las impulsoras del proyecto, defendió la iniciativa al señalar que la industria minera no debería ser vista como una amenaza. “Esta ley protege los glaciares, por mucho que algunos quieran hacernos creer lo contrario”, subrayó.
Protección de los Recursos Hídricos
Después de la reforma, los glaciares y los entornos periglaciares estarán protegidos por un inventario nacional del Ianigla, a menos que los líderes provinciales puedan demostrar que no actúan como reservas de agua “estratégicas”. En Argentina, se identifican 16,968 glaciares que abastecen de agua a 36 cuencas hidrográficas distribuidas en 12 provincias, donde habitan aproximadamente siete millones de personas.
El deshielo de los glaciares juega un papel crucial en la mitigación de las sequías, particularmente en provincias semiáridas como Mendoza, donde el cambio climático ha exacerbado la aparición de estos fenómenos.
Apoyo y Críticas
Los gobernadores de las provincias ricas en minerales, como Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan, han expresado su apoyo a la enmienda, argumentando que la Ley de Glaciares de 2010 obstaculizaba el desarrollo económico sostenible de las provincias y del país en su conjunto.
Sin embargo, Greenpeace no tardó en criticar la reforma. Agostina Rossi Serra, bióloga de la organización, resaltó que “la función principal de los glaciares y del entorno periglaciar es actuar como reservorio de agua dulce”. Enfatizó que las áreas áridas y semiáridas del país son las más afectadas por la escasez de agua, lo que agrava la importancia de proteger estos ecosistemas.
Conclusión
La reciente aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares plantea un dilema entre el desarrollo económico y la conservación del medio ambiente en Argentina. Este debate es crucial, ya que involucra la protección de recursos hídricos fundamentales para el bienestar de millones de personas en el país.
- El Congreso argentino aprobó una reforma que permite actividades mineras en áreas glaciares.
- La Ley de Glaciares de 2010 había sido una barrera para la minería, protegiendo reservas de agua.
- El cambio de responsabilidad sobre las áreas protegidas ahora recae en los gobiernos provinciales.
- Detractores advierten sobre los riesgos para el suministro de agua, especialmente en zonas semiáridas.